ACTOS RECLAMABLES

Son dos los tipos de actos reclamables: los dictados por la Administración y los que proceden de conflictos tributarios entre particulares.

ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Son recurribles los actos que provisional o definitivamente reconozcan o denieguen un derecho o declaren una obligación o un deber y los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto o pongan término al procedimiento.

En concreto, en materia de aplicación de los tributos son reclamables:

1. Las liquidaciones provisionales o definitivas.
2. Las resoluciones expresas o presuntas derivadas de una solicitud de rectificación de una autoliquidación.
3. Las comprobaciones de valor de rentas, productos, bienes, derechos y gastos, así como los actos de fijación de valores, rendimientos y bases, cuando la normativa tributaria lo establezca.
4. Los actos que denieguen o reconozcan exenciones, beneficios o incentivos fiscales.
5. Los actos que aprueben o denieguen planes especiales de amortización.
6. Los actos que determinen el régimen tributario aplicable a una o un obligado tributario, en cuanto sean determinantes de futuras obligaciones, incluso formales, a su cargo, salvo lo dispuesto para los procedimientos de vinculación administrativa previa en la Sección 2ª del Capítulo I del Título III de Norma Foral General Tributaria.
7. Los actos dictados en las actuaciones de los órganos de recaudación.
8. Otros actos respecto a los que la normativa tributaria así lo establezca.

Asimismo, son reclamables los actos que impongan sanciones tributarias.

ACTUACIONES U OMISIONES DE PARTICULARES

Además de actos dictados por la Administración, también son recurribles ciertas actuaciones de contribuyentes relacionadas con los tributos pero en las que no ha tenido participación directa la Administración Tributaria; son, en esencia, conflictos entre contribuyentes por razón de la aplicación de los tributos y en ellos el TEAF se convierte en juzgador imparcial de un conflicto entre particulares. En este grupo se incluyen como reclamables las siguientes actuaciones u omisiones de personas particulares:

1. Las relativas a las obligaciones de repercutir y soportar la repercusión previstas legalmente.
2. Las relativas a las obligaciones de practicar y soportar retenciones o ingresos a cuenta.
3. Las relativas a la obligación de expedir, entregar y rectificar facturas que incumbe a personas empresarias y profesionales.
4. Las derivadas de las relaciones entre contribuyente y sustituto o sustituta.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO DE BIZKAIA

Existen otros tres Tribunales Económico-Administrativos con competencia en Bizkaia que pudieran dar lugar a alguna confusión: el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) del País Vasco dependiente de la Administración Tributaria del Estado, el Tribunal Económico-Administrativo de Euskadi integrado en la estructura del Gobierno Vasco y el Tribunal Económico-Administrativo de Bilbao dependiente del Ayuntamiento de Bilbao.

Para determinar qué tipo de actos son competencia del TEAF de Bizkaia, es preciso diferenciar los tipos de actos impugnados:

ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Corresponde al Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia conocer de las reclamaciones que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos de la Diputación Foral de Bizkaia en materia de aplicación de los tributos, imposición de sanciones y recaudación de otros ingresos de derecho público, de la rectificación de errores en los que incurran sus propias resoluciones y de los recursos extraordinarios de revisión que pueden interponerse contra las resoluciones firmes de la administración tributaria foral de Bizkaia y contra las resoluciones económico-administrativas firmes del TEAF de Bizkaia.

ACTUACIONES U OMISIONES DE PARTICULARES

Cuando se trate de reclamaciones interpuestas contra actuaciones u omisiones de  particulares de carácter tributario será competente el TEAF de Bizkaia cuando la normativa aplicable a la retención o ingreso a cuenta sea la del Territorio Histórico de Bizkaia o, en el caso de actos de repercusión, cuando la operación se entienda realizada en el mismo, de acuerdo con lo previsto en el Concierto Económico.

QUIENES PUEDEN PRESENTAR RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Tendrán legitimación para promover las reclamaciones económico-administrativas:

1. Las personas físicas o jurídicas obligadas tributarias y personas infractoras.
2. Cualquier otra persona cuyos intereses legítimos resulten afectados por el acto, omisión o actuación tributaria.

Para presentar reclamaciones económico-administrativas no es necesario contar con profesionales de la abogacía, pero si así se desea puede actuarse mediante representación.

En este caso, el documento que acredite la representación se acompañará al primer escrito que no aparezca firmado por la parte interesada, que no se cursará sin este requisito.

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO

SUSPENSIÓN SIN SOLICITUD Y SIN GARANTÍA

La interposición en plazo de la reclamación económico-administrativa suspenderá la ejecución del acto impugnado, sin necesidad de solicitar la suspensión ni de aportar garantías cuando la deuda tributaria estuviese en periodo voluntario de pago o se hubiese interpuesto la reclamación contra la providencia de apremio, y siempre que, en ambos casos, la cuantía de la deuda pendiente a fin del periodo voluntario fuese igual o inferior a 20.000 euros.

La mera interposición de la reclamación en plazo también suspenderá la ejecución de las sanciones, de forma automática sin aportar garantía, hasta que sean firmes en vía administrativa.

SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA CON GARANTÍA

Asimismo, la ejecución del acto impugnado en vía económico-administrativa quedará suspendida a instancia de la parte interesada si se garantiza ante el Servicio de Recaudación el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que pudieran proceder en el momento de la solicitud de suspensión. Las garantías necesarias para obtener esta suspensión automática serán exclusivamente las siguientes:

1. Depósito de dinero o valores públicos.
2. Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
3. Créditos reconocidos con Administraciones Públicas

SUSPENSION CON OTRAS GARANTÍAS

Cuando la parte reclamante no pueda aportar las garantías necesarias para obtener la suspensión automática, se podrá acordar ésta previa prestación de otras garantías que se estimen suficientes. La solicitud de suspensión se presentará ante el TEAF junto con la documentación que justifique la imposibilidad de prestar las garantías previstas para la suspensión automática, detallando la naturaleza y características de las garantías que se ofrecen, los bienes o derechos sobre los que se constituirá y su valoración realizada por persona con titulación suficiente. La solicitud se remitirá al Servicio de Recaudación para su tramitación y resolución.

SUSPENSIÓN SIN GARANTÍA

Excepcionalmente podrá acordarse la suspensión de la ejecución del acto impugnado con dispensa de garantías cuando dicha ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación. En este caso la solicitud de suspensión deberá presentarse en documento independiente e ir acompañada por los documentos que la persona interesada estime procedentes para justificar la concurrencia de los requisitos necesarios para su concesión. El TEAF inadmitirá a trámite la solicitud cuando de la documentación aportada no quede acreditada la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o imposible reparación. La inadmisión supondrá que la solicitud de suspensión se tenga por no presentada a todos los efectos. Dicho acuerdo deberá notificarse a la persona interesada y comunicarse al órgano de recaudación competente.

La admisión a trámite producirá efectos suspensivos desde la presentación de la solicitud y será notificada a la persona interesada y al órgano de recaudación competente. Con anterioridad a dictar resolución definitiva que otorgue o deniegue la suspensión el TEAF deberá solicitar informe al Servicio de Recaudación.

Asimismo podrá acordarse la suspensión sin necesidad de aportar garantía cuando la persona interesada demuestre que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho.